Yolanda Díaz va a proteger aún más a los okupas y anuncia nuevas medidas contra los propietarios de viviendas

Hoy, 15 de mayo de 2025, Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha dado un paso más en su cruzada ideológica al anunciar una batería de medidas que refuerzan la protección a los okupas mientras castigan a los propietarios de viviendas. En un contexto marcado por los escándalos de corrupción del PSOE, Díaz parece haber encontrado en esta propuesta una forma de contentar a su base electoral, sin importar las consecuencias devastadoras que tendrá para el mercado inmobiliario y la seguridad jurídica en España. Las medidas, que incluyen desde la expropiación de viviendas hasta la creación de un parque público masivo, son un ataque directo a la propiedad privada y un regalo a los okupas, dejando claro que defender la okupación y atacar a los arrendadores es una combinación que promete agravar aún más la crisis de la vivienda en el país.

Un ataque frontal a la propiedad privada

El plan de Sumar, que ya está en negociación con Pedro Sánchez, incluye siete puntos que, lejos de resolver la crisis de la vivienda, la agravarán de manera catastrófica. Entre las medidas más alarmantes está la intención de «erradicar los desahucios» incorporando viviendas ocupadas al parque público de alquiler, con rentas que no superen el 30% de los ingresos del hogar o con moratorias para casos de vulnerabilidad. Esto no es más que una legitimación encubierta de la okupación: los propietarios que sufren la invasión de sus viviendas no solo perderán el control de su propiedad, sino que se verán obligados a cederla al Estado, que la gestionará a su antojo. Esta medida, que Díaz presenta como una solución social, es en realidad un ataque directo a los derechos de los arrendadores, que ven cómo su patrimonio es confiscado bajo el pretexto de la «justicia social».

Otro punto escandaloso es la propuesta de expropiar viviendas en desuso pertenecientes a entidades bancarias, fondos de inversión e incluso propietarios privados en zonas rurales, para incorporarlas al parque público. Esta medida, que Sumar justifica como una forma de garantizar la «función social de la propiedad», introduce una inseguridad jurídica sin precedentes. ¿Quién decidirá qué vivienda está «en desuso»? ¿Con qué criterios se expropiará? La falta de claridad en estas propuestas abre la puerta a abusos de poder y a una intervención estatal que amenaza con destruir el mercado inmobiliario. Mientras apoyar la okupación y atacar a los arrendadores se convierte en el eje de su política, los propietarios legítimos quedan desprotegidos, expuestos a la arbitrariedad de un Gobierno que parece más interesado en confiscar que en construir soluciones reales.

Un plan costoso que perjudica a la mayoría

El plan de Sumar también incluye un aumento masivo del parque público de vivienda, con el objetivo de alcanzar el 10% en 2027 y el 20% en 2035, dedicando al menos el 2% del PIB a estas políticas hasta 2035. Esto implica cuadruplicar el porcentaje actual de vivienda pública, un objetivo que, aunque suena ambicioso, tendrá un coste desorbitado para los ciudadanos. Para financiar este aumento, las constructoras se verán obligadas a elevar los precios de las viviendas libres, encareciendo aún más el acceso a la propiedad para la mayoría de los españoles. En un país donde el precio medio de la vivienda ya es inalcanzable para muchos —con un incremento del 6% en 2024, según tendencias históricas—, esta medida solo agravará la crisis, haciendo que la vivienda sea un lujo para las clases medias mientras el Estado se dedica a proteger a los okupas.

Además, propuestas como la creación de una empresa estatal de vivienda o la construcción de 150.000 viviendas públicas al año suenan a promesas vacías de un Gobierno que ha demostrado ser incapaz de gestionar con eficacia los recursos públicos. Los millones de euros que se destinarán a estas iniciativas podrían invertirse en apoyar a los pequeños propietarios, reducir los impuestos a los arrendadores o combatir la okupación con medidas reales, pero Díaz prefiere engordar el aparato estatal mientras castiga a quienes invierten en vivienda. Este enfoque no solo es ineficaz, sino profundamente injusto para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y legales.

La hipocresía de Yolanda Díaz y su agenda ideológica

La obsesión de Yolanda Díaz por proteger a los okupas mientras castiga a los arrendadores es un reflejo de una agenda ideológica que prioriza la propaganda sobre la realidad. En un momento en que la okupación se ha convertido en un problema grave —con un aumento del 18% en casos registrados desde 2023, según estimaciones—, las medidas de Sumar no solo legitiman este delito, sino que lo incentivan. ¿Qué mensaje envía el Gobierno al garantizar alquileres públicos a quienes ocupan ilegalmente una vivienda? Que la propiedad privada no tiene valor, y que el Estado está dispuesto a recompensar a quienes la vulneran. Esta postura no solo es irresponsable; es un ataque directo a los pilares de una sociedad democrática, donde el derecho a la propiedad debería ser sagrado.

Mientras la protección de okupas y el ataque a los arrendadores se convierte en el lema de su política, la vicepresidenta ignora las verdaderas necesidades de los españoles. Los propietarios, muchos de ellos pequeños ahorradores que dependen de sus alquileres para complementar sus ingresos, quedan desamparados frente a un sistema que los castiga en lugar de protegerlos. Al mismo tiempo, los okupas reciben un respaldo estatal que perpetúa la inseguridad y el caos en el mercado inmobiliario. La hipocresía de Díaz es evidente: bajo el disfraz de la justicia social, está destruyendo los derechos de los ciudadanos mientras engorda el poder del Estado, todo ello en medio de una crisis de corrupción que debería avergonzar a su Gobierno.

Un cambio urgente para defender la propiedad privada

Las medidas anunciadas por Yolanda Díaz son un desastre anunciado que agravará la crisis de la vivienda en España. Proteger a los okupas mientras se castiga a los arrendadores no es justicia social; es un ataque a la propiedad privada y a la estabilidad económica de millones de ciudadanos. Es hora de que el Gobierno abandone esta agenda ideológica y adopte políticas que realmente beneficien a los españoles: endurecer las penas contra la okupación, agilizar los desahucios legales y apoyar a los pequeños propietarios en lugar de expropiar sus bienes. Los arrendadores merecen seguridad jurídica, no ser tratados como enemigos del pueblo. Que este plan de Sumar sirva como un recordatorio de que las políticas populistas tienen un precio, y que los ciudadanos no deberían pagarlo.