Escándalo de los «Abortorios de Ayuso»: Contratos menores para la Clínica Dator en proceso de disolución bajo el Gobierno de la Comunidad de Madrid
La polémica en torno a la supuesta financiación irregular de centros de aborto en Madrid bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue creciendo.
Ahora, la Asociación de Abogados Cristianos ha revelado un nuevo elemento que podría agravar aún más las acusaciones: la Clínica Dator, uno de los principales centros de aborto, habría seguido recibiendo contratos menores del ejecutivo madrileño, a pesar de estar en proceso de disolución, una situación que es abiertamente ilegal según las leyes vigentes.
Una trama de contratos menores bajo sospecha
La trama de presunta financiación encubierta de abortorios, que según Abogados Cristianos ha sido mantenida en secreto durante meses, ya estaba en el centro de la controversia por el uso sistemático de contratos menores, fragmentados de tal forma que evitaban el proceso de licitación pública. Esta estrategia habría permitido al gobierno regional adjudicar contratos sin la transparencia que exige la ley. Sin embargo, la nueva información acerca de la Clínica Dator añade un posible componente de ilegalidad más grave a la situación.
Contratos para una empresa en disolución
La Clínica Dator, de acuerdo con la denuncia, se encontraba en concurso de acreedores y posteriormente en estado de disolución, lo que legalmente le impediría recibir cualquier tipo de financiación pública, licitación o contrato, ya que una empresa en ese estado no está autorizada para operar con normalidad. No obstante, según los datos proporcionados por Abogados Cristianos, el gobierno de Ayuso continuó adjudicándole contratos menores a pesar de esta situación irregular. Aunque se desconoce si la clínica mantuvo sus operaciones durante el proceso de disolución, la mera adjudicación de contratos a una entidad en tal condición es, al menos, extremadamente cuestionable.
Falta de transparencia y mala gestión
Este nuevo hallazgo pone en entredicho la transparencia y el control de los fondos públicos por parte del ejecutivo madrileño. Si bien ya se había denunciado que estos contratos menores no se encontraban inicialmente en el portal de contratación pública y que fue necesario ejercer presión durante meses para su publicación, la adjudicación de contratos a una empresa en disolución sugiere una gestión negligente, cuando no directamente ilegal, de los recursos públicos.
A medida que se revelan más detalles, la magnitud del escándalo crece, y las explicaciones del gobierno de Ayuso se hacen cada vez más necesarias. ¿Cómo es posible que se adjudicaran contratos a una empresa en situación de disolución? ¿Qué controles fallaron en este proceso? Estas son preguntas que deben ser respondidas con urgencia si se quiere restaurar la confianza en la administración pública madrileña.
