Bruselas critica duramente la amnistía calificándola de «autoamnistía» y asegura que no responde al interés general
El controvertido telón de la amnistía, que ha polarizado a la sociedad española y tensionado hasta el extremo el debate político, ha encontrado ahora un nuevo y contundente crítico en el corazón de Europa. La noticia de que Bruselas ha censurado duramente la Ley de Amnistía, calificándola de «autoamnistía» y asegurando que no responde al interés general, es un golpe demoledor para el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta condena externa, proveniente de las instituciones europeas, no es un mero reproche formal; es un juicio de valor que desnuda la verdadera naturaleza de una ley nacida de la necesidad política y no de la búsqueda de un bien común, dejando al descubierto la fragilidad moral de una medida diseñada para la supervivencia del poder y no para la reconciliación real.
Un acuerdo de «autoamnistía«
El término «autoamnistía», pronunciado desde los despachos de Bruselas, es un dardo envenenado que cala hondo en la narrativa oficial del Gobierno español. Implica una absolución concedida por quienes se benefician directamente o indirectamente de los actos que se perdonan, o por aquellos cuya continuidad en el poder depende crucialmente del apoyo de los amnistiados. Esta calificación, no es una anécdota semántica; es una acusación grave. Despoja a la amnistía de cualquier aura de «reconciliación» o «convivencia» que el Gobierno ha intentado vender a la opinión pública y, en cambio, la expone como lo que muchos ya sospechaban: un pacto de investidura, un trueque de votos por impunidad. La vergüenza de que esta etiqueta provenga del exterior, mancillando la imagen de España en la escena internacional, es incalculable.
La afirmación de que la amnistía «no responde al interés general» es el núcleo de la crítica europea y la más dolorosa para el Ejecutivo. ¿Cómo podría servir al interés general una ley que ignora los principios de igualdad ante la ley, socava la separación de poderes al interferir en decisiones judiciales, y beneficia exclusivamente a una minoría de líderes independentistas y a un partido político con el único fin de mantenerse en el poder? El interés general de una nación se construye sobre la justicia, la estabilidad jurídica, la cohesión social y el respeto a las instituciones. La amnistía, en cambio, ha generado una división sin precedentes, ha provocado una profunda desconfianza en el sistema judicial y ha premiado acciones que fueron declaradas ilegales por los tribunales. No sana heridas; las abre más profundas, creando ciudadanos de primera y de segunda categoría ante la ley.
La hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto es monumental. Su radical giro de posición sobre la amnistía, pasando de rechazarla categóricamente a defenderla como una «necesidad para la convivencia», es el paradigma del pragmatismo sin principios. La necesidad de contar con los votos de los partidos independentistas para su investidura se convirtió en la única brújula de una política que ha sacrificado la coherencia, la ética y el respeto a la Constitución en el altar de la continuidad en el poder. Esta crítica de Bruselas subraya precisamente esa instrumentalización de las instituciones y las leyes para fines puramente políticos, un patrón que, lamentablemente, se ha convertido en una constante en la presente legislatura.
El impacto de esta condena europea en la imagen de España es considerable
Nuestro país, tradicionalmente percibido como una democracia consolidada y un socio fiable dentro de la Unión Europea, ve ahora cómo su credibilidad se erosiona. La preocupación por el Estado de Derecho en España no es nueva en Bruselas, pero esta crítica directa y sin ambages sobre la amnistía eleva el nivel de alerta. Socava la influencia de España en el seno de la UE y da argumentos a quienes, dentro y fuera de nuestras fronteras, denuncian la deriva autoritaria y la fragilidad institucional. Es un golpe directo a la reputación que costará mucho tiempo y esfuerzo reparar.
En conclusión, el varapalo de Bruselas a la Ley de Amnistía no es una nimiedad; es una señal inequívoca de que la maniobra política de Pedro Sánchez ha sido percibida en Europa como lo que realmente es: una «autoamnistía» que no busca el bien común, sino la consolidación de un poder a cualquier precio. Esta crítica es un recordatorio severo de que las democracias no pueden jugar con los principios fundamentales del Estado de Derecho sin consecuencias. El Gobierno de Sánchez ha apostado por un camino que compromete la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad institucional. La voz de Europa es, en este caso, el eco de la preocupación de millones de españoles que ven cómo los pilares de su democracia se tambalean en pos de intereses partidistas. La amnistía es, y seguirá siendo, una mancha imborrable en el expediente democrático de España, ahora con el sello de la condena europea.
